¡ODÓN ELORZA REO DE PREVARICACIÓN!

Melitón Matanzas, ex combatiente en la guerra civil, y más tarde comisario jefe de la Brigada Político Social en la provincia de Guipúzcoa, primera víctima (declarada) de la ETA. Su (cobarde) asesinato fue celebrado con champán por muchos en el país vasco (y en menor medida en otras regiones de España) La Brigada Político Social que se limitaba a defender  y aplicar –al precio de su sangre incluso- la legalidad entonces vigente, se ve en la mirilla de la ofensiva guerra civilista en curso. Como lo ilustra la reciente iniciativa de Odón Elorza ex alcalde socialista de San Sebastián con la que pone escandalosamente al descubierto una conducta ilegal –o alegal (sic) como él dice- claramente prevaricadora

Tenía a medio terminar lo que debía ser la entrada de hoy de este blog, dedicada a la guerra civil en Siria y al tema conexo de la guerra del Líbano (y el protagonismo en ella de las Falanges Libanesas) cuando la lectura de la edición del País de hoy me hace cambiar súbito de planes por culpa de uno de sus artículos dedicado a un episodio de violencia de la transición que me diga del tardo franquismo, sucedido el 31 de agosto del 75 a pocos más de dos meses aún de la muerte de Franco que le sirve de ocasión al autor del artículo–y al diario que lo publica- a reencender de nuevo la guerra veraniega de la memoria a la que venimos asistiendo –e interviniendo en ella en cuanto que la ocasión se presenta- desde hace ya (casi) diez años, y mas incluso si bien se mira.

El suceso que el País ahora re exhuma me hace pensar en otro del que fui testigo visual directo casi una década antes y del que me hice eco en mi blog anterior de Periodista Digital lo que me valió una correspondencia fructífera y no poco emotiva con varios de los hijos (agradecidos) del principal protagonista y victima de aquello, para entonces ya hacía mucho fallecido.

Y fue la brutal agresión y linchamiento de la que se vio objeto –por vuelta del curso académico del 67-68- en lo que era entonces la explanada (más ancha de lo que lo es hoy) situada entre la Facultad de Derecho y de la Complutense en la Ciudad Universitaria, un inspector de la Brigada Político Social (horresco referens!) del que recuerdo el nombre como si fuera hoy pero que me abstengo de mencionar de nuevo aquí consciente que a sus allegados les sea doloroso en extremo la evocación de aquello (de lo que sus hijos me aseguraron tener noticia directas por su propio padre)- por más que trascendiera en la prensa el suceso (que seguí de cerca pero a distancia) igual que el nombre de la víctima de la agresión, que se vio de pronto descubierto por uno de los participantes en una de aquellas algaradas callejeras de las que el campus de la Universitaria era teatro entonces casi a cada momento, y en aquella tesitura decidió salir corriendo y fue alcanzado y derribado violentamente al suelo y agredido y pisoteado (hasta sangrar)

Ante lo cual –sin duda a la vista de la sangre derramada- mis ardores protestatarios, comunes a la de tantos jóvenes universitarios en la Universitaria madrileña de entonces se enfriaron súbito y me aparté raudo de allí renegando de aquello y de sus autores, y sin duda que un suceso como aquel fue jalón decisivo en el repliegue o enroque psicológico e ideológico que emprendí entonces y que me hizo alejarme del medio estudiantil que era el mío y empezar a pensar y analizar por mi cuenta y sin anteojeras el torbellino aquel de violencia en el que me veía inmerso y de guerra civil larvada en resumidas cuentas. Y sin duda que lo recordé siempre hasta hoy en parte por razón de la proximidad visual aunque solo fuera.

Aquel inspector de la Social -como les decíamos entonces- tan salvajemente agredido como aún así lo recuerdo no era más en suma que un exponente más, emblemático en extremo es cierto, de la situación de indefensión in crescendo en la que se encontraba el régimen de Franco y en particular sus servidores mas dóciles e indispensables –a saber los miembros de las fuerzas del orden- en vísperas de la muerte de su máximo dignatario y al cabo ya de un largo proceso de desarme –en todos los sentidos del término- iniciado tras la rendición pactada a los aliados  (por mediación vaticana) al final de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Como lo ilustraría aun mejor si cabe el suceso evocado ahora en el diario el País y que me habrá servido de motivo principal en la redacción de estas líneas.

Y es el de la muerte por tiro de pistola de uno de los participantes en una manifestación a anti-régimen en San Sebastián en la fecha arriba mencionada (a punto ya de iniciarse la transición) organizada por el “movimiento comunista de Euzkadi”, que siempre después se atribuyó a un comisario de la brigada político-social y que ahora sus descendientes –y que se me perdone por lo abrupto de la expresión- pretenden hacer cargar a otros con el muerto.

No fui yo sino que fueron otros. Un proceder o norma de conducta que ya aquí afeamos en relación con uno de los inculpados –me refiero a Rodolfo Martín Villa- en los casos enjuiciados por una juez argentina de victimas (sic) del franquismo (y de la guerra civil española) Están en su derecho (democrático) sin duda. Pero en toda institución jerárquica que se precie, la responsabilidad última la soporta el superior frente a los subordinados. Y ello me recuerda también un suceso del que se sinceró en un ocasión conmigo delante de su esposa el que había sido uno de sus protagonistas, y era un antiguo militar francés y de edad avanzada asistente a una de las capillas tradicionalistas en las que ejercí ministerio (sacerdotal) en el marco de la Fraternidad San Pio X (de Monseñor Lefebvre) el tiempo que permanecí en Francia que me contó que estando de servicio de suboficial del ejército francés (concretamente en Camboya) durante la guerra de Indochina que inmediatamente precedió a la guerra del Vietnam, un superior jerárquico le había ordenado (terminantemente) la ejecución –hacerle desaparecer (sic), así fue como él me lo conto- de uno de los prisioneros a lo que él le respondió que obedecería la orden pero siempre y cuando se la hiciera llegar por escrito, a lo que el otro dio la callada por respuesta tras lo que pediría poco después la baja en el ejército.

Y en el suceso que ahora evoca el País el superior jerárquico no hizo más –léase asumir- que lo que aquel oficial francés prefirió no hacer en lo que sin duda era su derecho, con la salvedad (de talla) no obstante que en ell caso mas andtiguo se trataba de una orden expresa de ejecución y en el más reciente de una baja –por tiro de pistola de uno de sus subordinados- en acto de servicio. ¿Cínico por demás? Que se piense de mi lo que se quiera. Y si se lee con detenimiento el archivo en el que se recoge el auto correspondiente a aquel suceso levantado en su momento por la jurisdicción castrense y conservado en el archivo militar de la Coruña que el ex alcalde socialista de San Sebastián Odón Elorza acabó procurándose por una vía alegal (sic) -según se recoge en el artículo que aquí estoy comentando-, los escasos escrúpulos que nos quedaban se disipan por completo de por la circunstancias que acompañaron aquel evento luctuoso que hace pensar por tantos y tantos conceptos a suceso acaecido hace un año y que continua creando conmoción en la sociedad norteamericana en la localidad de Ferguson (estado de Missuri) de la muerte de un joven negro (delincuente) a manos de un policía (blanco) que confesó haber actuado (y disparado) en legítima defensa.

Al ex alcalde socialista de San Sebastián ese archivo le parece ahora –en su conjunto- una sarta de mentiras -¿con qué pruebas y argumentos?-, y motivo mas que suficiente para reclamar a gritos dignidad democrática y recuperación de la memoria (todo junto y bien revuelto) El movimiento comunista de Euzkadi –hoy me figuro desaparecido, al que perteneció (ahora caigo) uno de los batasunos, Carmelo Landa (con ka) que consiguieron sentarme (sin verme condenado) en el banquillo ante la justicia belga- fue uno de esos grupúsculos que encarnaron lo que Pio Moa dio en llamar "la izquierda violenta" y que de una manera u otra participaron más o menos directamente en la agresión terrorista de la banda ETA (de hecho eran antiguos etarras sus miembros fundadores) Y no es ni exorbitante ni anacrónico pues el seguir calificándoles como tales –léase de terrorista- aunque se escandalice y se rasgue las vestiduras el alcalde donostiarra (socialista)

De la ley a la ley, declaró el anterior monarca, con lo que reconocía explícitamente que su predecesor –léase el jefe de estado del régimen anterior- había actuado también conforme a la ley, como lo ilustra igualmente el suceso que aquí comentamos en el que –como lo precisa el artículo- entró en aplicación la ley de Bandidaje y y Terrorismo reactivada  unas semanas antes del suceso. No conozco al inspector de la Social de entonces ahora puesto directamente en la picota, ni siquiera sé si aun vive, pero está claro que me solidarizó con él por completo, y que me merece mucha más verosimilitud y veracidad el expediente –de la justicia castrense- en el que se vio envuelto aunque solo sea por el principio jurídico que reviste de fuerzas vinculante a la cosa juzgada (o legalmente establecida) -como se la otorga a los textos legales por muy controvertidos y discutibles que se vean, como por ejemplo (comparaciones odiosas) la ley funesta de la Memoria-, que las versiones alternativas de la parte contraria de las que tan sectariamente y tan falto de ecuanimidad se hace eco el ex alcalde donostiarra. La “vía alegal” de la que se valió el edil socialista para procurarse el expediente relativo a ese suceso también se merece una glosa (y mucho más) en este articulo.

Y es por lo doblemente ilustrativo de la situación de indefensión a la que aludí mas arriba, y de la que la institución castrense –y el estado de derecho en definitiva- vienen siendo objeto (in crescendo) desde hace ya más de setenta años. ¿Compro él el legajo o se sirvió simplemente de su influencia como diputado (socialista) para procurárselo? Valdría la pena que lo aclarase antes de seguir hurgando en la herida y dando la vara con este tema de memoria histórica con lo que muestra de nuevo si necesidad había el carácter conflictual, y potencialmente explosivo –léase guerra civilista- de la ley funesta, carente del mas mínimo consenso en el seno de la sociedad española. Y otro signo premonitorio además –esa iniciativa parlamentaria que anuncia el ex acalde socialista destinada a eliminar (sic) barreras legales, que al propio interesado no parecen serle menester por las trazas (…)- de la ofensiva guerra civilista que nos espera caso de que la suerte les sonría en las urnas.

Tampoco hay que esperar tampoco. ¿Por qué? ¿Hasta cuando la pasividad de la que vienen dando muestras los adversarios de la ley funesta. ¿Por qué seguir tolerando placas guerra civilistas incitando al odio y al enfrentamiento entre españoles como la que estigmatiza “sine die” al entonces comisario de la Social envuelto en aquellos hechos, que habrá servido de motivo impulsor de la reclamación de sus descendientes? ¿Por qué no piden ellos la retirada pura y simple de la placa en vez de limitarse a pedir sólo la supresión del nombre que directamente les afecta? ¿Es mucho pedirles? Su iniciativa se revestiría así desde luego de mucha más credibilidad y también de una ecuanimidad y de una justicia indispensables, por mínimas que sean.

¿Un manifestante pacífico (sic) que se abalanzó sobre el inspector, le golpeó fuertemente con una barra de hierro, sacó una navaja, e intentó quitarle la pistola, según consta en el expediente que se procuro alegalmente (sic) Odón Elorza? Ferguson, San Sebastián ¿cualquier parecido con la realidad pura coincidencia? No hay que seguir esperando a que los otros muevan ficha0 ya digo. ¿Por qué, por qué dejar pasar el reconocimiento escandaloso –a confesión de parte eximición de prueba- que se hace en el artículo mencionado del país del procedimiento (flagrantemente) ilegal de un parlamentario, léase de su comportamiento alegal (sic) procurándose documentos bajo secreto y expresamente protegido por la ley vigente?

¡Imputación ya de Odón Elorza! Reo de prevaricación. Convicto y confeso